Reinicia persecusión penal en contra de radios comunitarias de Chile

La audiencia en la CIDH en la cual se denunció la situación de criminalización de integrantes de medios comunitarios no autorizados en Chile se llevó a cabo apenas hace tres semanas, el gobierno incumple con los estándares mínimos de derechos humanos y libertad de expresión.

Este 9 de noviembre de 2010, fueron cerradas mediante la utilización del derecho penal tres radios comunitarias en la comuna de Paine en Chile: Radio Felicidad, Tentación y Radio 24. A las emisoras Tentación, que transmite por la frecuencia 105.3, y Radio 24, ubicada en la frecuencia 100.5 en la banda FM, les fueron confiscados los equipos por parte de integrantes de la Brigada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones (PDI) con orden emitida por el fiscal Pablo Cortés, de la Fiscalía Sur Metropolitana, de la localidad de San Bernardino. Dicha orden fue liberada como parte de procesos penales abiertos en contra de integrantes de las radios. La denuncia fue iniciada por la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) tras el reclamo interpuesto por una radio comercial de la zona .
De acuerdo a lo relatado por integrantes de las propias radios, cuatro policías adscritos a la PDI llegaron alrededor del mediodía del martes 9 de noviembre a radio Tentación y procedieron a incautar los equipos de transmisión. Detuvieron a los comunicadores radiales que se encontraban en ese momento. Posteriormente, los integrantes de la PDI se trasladaron al domicilio de radio 24 e ingresaron al local por medio del uso de la fuerza. Incautaron los equipos de la emisora así como equipos de computación que no pertenecen a la radio sino a los comités de vivienda que funcionan en ese espacio. Como parte del proceso penal se detuvieron a cinco personas, entre ellos a Marcelo Núñez, director de Radio Tentación, y a Miguel Silva, director de Radio 24.
Con estas acciones el Estado chileno nuevamente incurre en la utilización desproporcional del derecho penal para perseguir a integrantes de radiodifusoras no autorizadas. El hecho se agrava dado que en Chile subsiste una legislación que impone restricciones discriminatorias para las radios comunitarias.
Cabe recordar lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado al respecto: “los Estados tienen, la obligación de establecer un marco regulatorio que promueva una discusión libre, abierta, plural y desinhibida, lo cual implica el diseño de instituciones que permitan, y no que dificulten, la deliberación sobre todos los asuntos y fenómenos de relevancia pública. Nada de esto se compadece con el uso indiscriminado del derecho penal como mecanismo para limitar la circulación libre de opiniones e informaciones, especialmente cuando las mismas se refieren a asuntos públicos”.
La falta de una legislación y políticas públicas que se adecuen a los estándares interamericanos de derechos humanos en materia de medios de comunicación audiovisual fue establecida hace tres semanas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC) durante una reunión de trabajo llevada a cabo en el último periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[1] En ella, el estado chileno se comprometió a mantener los canales abiertos a fin de analizar modificaciones a estas prácticas abusivas que restringen indirectamente el derecho a la libertad de expresión. Lejos de cumplir con sus acuerdos, el Estado chileno continúa haciendo uso de la legislación penal para perseguir a integrantes de medios de comunicación comunitaria. AMARC ALC condena nuevamente esta situación y hace un llamado urgente al Gobierno chileno a fin de que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos modificando la legislación y absteniéndose de la persecución penal injustificada.

Martes, Noviembre 9, 2010
por Ricardo Salazar, Radio Placeres






Juan Ortega / Medio a Medio

NOTICIA EN DESARROLLO

Un nuevo atentado contra la libertad de expresión se produce en Chile, con el cierre de una radio comunitaria en la comuna de Paine. La radio afectada por este cierre arbitrario es Radio Tentación de Paine, una emisora comunitaria que asegura que la denuncia viene desde otra radio, por intereses económicos.

Marcelo Núñez Fuentes, director de Radio Tentación de Paine, dice que a las 11 de la mañana llegaron 4 funcionarios de la Brigada de delitos contra la propiedad intelectual de la PDI hasta la sede de la radio, que tenía los equipos a la vista y sin mayor protección.

Los funcionarios policiales solamente tenían orden de investigar, pero al ver los equipos procedieron a incautarlos, están en proceso de llevarse transmisor, compresor, amplificador, un computador y un disco duro externo.

Según los funcionarios de la PDI, la denuncia vendría desde Subtel, que hace unos 2 meses había registrado fotografías de la radio, funcionarios que fueron interpelados por Marcelo en aquella ocasión.

Radio Tentación lleva dos años de funcionamiento, y se ha dedicado a entregar información a la comunidad siendo un espacio de diálogo para diversos actores de la comuna. Lamentablemente la legislación chilena y el atraso en la frecuencia de concursos para acceder a licencias de radiodifusión de mínima cobertura por parte de SUBTEL, ha impedido que esta emisora pueda acceder a una concesión.

Marcelo se encontraba en Santiago y para liberar al locutor y al control que se encontraban en los estudios, prefirió ir personalmente y asumir la responsabilidad. En principio el procedimiento contempla retirar los equipos, pero si el fiscal lo solicita podría ser detenido, la causa estaría a cargo del fiscal Pablo Cortés, que pertenecería a la Fiscalía Sur.
Esta medida se ampara en el polémico artículo de la Ley General de Telecomunicaciones 36 B letra A, que sanciona con penas de cárcel a quien transmita sin licencia y permiso de la autoridad. Desde hace ya un par de años, diversas agrupaciones como la Red de Medios de los Pueblos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) han solicitado al estado chileno la derogación de la sanción que viola los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

El procedimiento no fue difundido, no hubo prensa, tampoco hasta esta hora no le han comunicado los cargos en su contra. Los equipos se están retirando en un auto de la PDI y no ve nada anormal en el procedimiento, están todos los miembros de la radio presentes. La orden fue dada por el fiscal Pablo Cortez, de la fiscalía Sur metropolitana.


Fuente: http://www.agenciadenoticias.org/

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